lunes, 22 de abril de 2013

EL PGOU Y LA NEGLIGENCIA POR EL INTERÉS PÚBLICO.1990-1994.

En 1990 el Ayuntamiento de Tarifa redactó el nuevo Plan de General de Ordenación Urbana, a cargo de los Arquitectos D. Luis Modet Vaughan y D. Antonio Saez Valls.
El Texto Refundido de este nuevo Plan General de Ordenación se aprobó en 1995, y fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia en 2002.

En lo que respecta a la Urbanización El Cuartón, vino a clasificar como suelo "urbano" a aquellos sectores que contaban con una densidad de edificaciones y algunas infraestructuras, proponiendo como solución urbanística la ejecución de unos "PROYECTOS COMPLEMENTARIOS" de urbanización mediante el Sistema de Cooperación o de Contribuciones Especiales.
Lo que se traduce en que los propietarios de parcelas tendrían que soportar los costes urbanísticos correspondientes a la promotora.
Así mismo este nuevo Plan General, lejos de sancionar, conforme al informe de 1982, a la promotora o propietaria del suelo (Finca Matriz) ,  viene a beneficiarle con una mayor densidad edificatoria en los nuevos sectores sin desarrollar: SC1 Guadalmesí y SC2 Cuartón.


Nota de prensa 1992

Nota de prensa 1993


En 1992 algunos propietarios presentaron queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, cuyo informe final (1994) revela que el Ayuntamiento  ha seguido concediendo licencias de obras desde 1982, y evidencia la negligencia y falta de cooperación del Ayuntamiento de Tarifa, por no aclarar la existencia del expediente sancionador de la promotora y por dejar a discreción de los ciudadanos las competencias urbanísticas que le corresponden.


    


             



"El Ayuntamiento de Tarifa ha dejado que todo el entramado de la gestión urbanística quede a voluntad de los particulares y la tutela que, en esta materia le corresponde por ser del orden jurídico general, es decir de interés público, no disponible discrecionalmente por los ciudadanos y cuya inobservancia no puede calificarse si no de notoria negligencia. "
Es de resaltar que el Ayuntamiento manifiestó al Defensor que los propios vecinos son los que han solicitado la paralización del expediente sancionador a la promotora, lo que fue desmentido por los propios vecinos.





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